Introducción

La presente herramienta tiene la finalidad de facilitar la identificación de riesgos de corrupción en el sector público y está basada en el “Modelo para la gestión de riesgos de corrupción en el sector público”, una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Esta colaboración tiene como objetivo contribuir al combate a la corrupción bajo la guía del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, que apunta a la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas mediante la consecución de sus metas 16.5, 16.6 y 16.7.

De igual manera, contribuye al logro de las prioridades 20, 21 y 25 establecidas en la Política Nacional Anticorrupción.

El Modelo es una intervención de política pública, que busca sentar las bases para que las organizaciones de la sociedad civil (OSC), Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SESEA), Comités de Participación Ciudadana (CPC) e instituciones públicas de los tres ámbitos gubernamentales, implementen una gestión de riesgos de corrupción en su quehacer diario por medio de esquemas flexibles.

Objetivo General:

El Modelo tiene como objetivo apoyar los esfuerzos del gobierno de México en términos de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y participación ciudadana, por medio de diversas iniciativas para el control de la corrupción, tales como la Política Nacional Anticorrupción y el cumplimiento de las metas anticorrupción de la Agenda 2030.

Objetivos Específicos:

El Modelo del PNUD-SESNA tiene tres objetivos específicos, que son:

  • Disminución de los riesgos de corrupción: Al reducir los riesgos de corrupción en las áreas de intervención mediante herramientas metodológicamente robustas e imparciales.
  • Confianza ciudadana: Al incrementar la confianza de la sociedad en las instituciones públicas por medio de la participación ciudadana.
  • Rendición de cuentas: Al vigilar la actividad gubernamental con el apoyo de la sociedad civil.

El presente Autodiagnóstico de Riesgos de Corrupción es una iniciativa de la Unidad de Gobernanza Efectiva y Democracia del PNUD en México, desarrollado con recursos de PNUD. Lo anterior en el marco de los esfuerzos globales para avanzar en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Innovaciones y beneficios

El Modelo es innovador y se basa en buenas prácticas nacionales e internacionales, lo cual se traducirá en diversos beneficios:

  • Al ser un modelo que puede implementarse desde un enfoque multiactor, los resultados tendrán mayor incidencia en la sociedad civil y en los sistemas estatales anticorrupción.
  • Al ser un proceso de colaboración y co-creación incluyente, las dependencias públicas se beneficiarán por las recomendaciones que emitan las partes involucradas.
  • Al contemplar estrategias de implementación flexibles, el Modelo se puede adaptar a diferentes contextos, propicia la colaboración organizacional, y sistematiza procesos y resultados.
  • Al contar con una caja de herramientas (toolbox) para su ejecución, el Modelo se adapta a casos concretos.
  • Dado que parte de un enfoque de Derechos Humanos, el Modelo sirve para identificar riesgos diferenciados específicos para grupos poblacionales tradicionalmente más afectados por la corrupción, tales como mujeres y grupos en situación vulnerable.

Glosario

Es necesario tener en cuenta algunos conceptos para comprender mejor el Modelo:

Auditoría social: conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a la gestión gubernamental para que el manejo de los recursos públicos se realice en términos de transparencia, eficacia y honradez.

Controles existentes: son medidas que implementan las instituciones para prevenir o mitigar los riesgos de corrupción.

Corrupción: orden social que privilegia modos de interacción e intercambio basados en particularismo y favoritismo, que pueden manifestarse en comportamientos institucionales y sociales, que transgreden principios éticos y de integridad. Algunos ejemplos de comportamientos de corrupción son: soborno, malversación de fondos, fraude, abuso de poder, nepotismo, clientelismo, conflicto de intereses y lavado de dinero.

Estrategias de implementación: conjunto de características básicas y acciones planificadas para mejorar la eficiencia y eficacia en la implementación del Modelo.

Impacto: consecuencias que enfrentarán las instituciones y la sociedad si se materializa el riesgo de corrupción. Se diferencian según el sector social.

Probabilidad: es la oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la frecuencia con la que se presenta un riesgo en un periodo determinado.

Gestión de riesgos de corrupción: es un conjunto de herramientas y metodologías, que se orientan a administrar y contener aquellos riesgos, que se pueden presentar en procesos, operaciones y conductas dentro de una institución.

Riesgo de corrupción: es la posibilidad de que, por acción u omisión, se use la autoridad de funcionarios públicos para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, ya sea individual o de grupo, generando un impacto negativo a la dependencia pública y a la sociedad. Los riesgos de corrupción se pueden diferenciar en diferentes categorías, como son los riesgos estratégicos, riesgos inherentes y riesgos residuales.

Riesgo estratégico: se presenta en procesos relevantes de la institución. Es especialmente problemático por las extensas consecuencias negativas que significa su materialización.

Riesgo inherente: se presenta cuando no hay acciones de control efectivas. Es el riesgo inicial (es decir, el riesgo previo a cualquier forma de tratamiento o gestión para prevenirlo o mitigarlo) y se calcula considerando su probabilidad de materialización y el impacto negativo que tendría.

Riesgo residual: resulta después de enfrentarse al riesgo inherente. Es el riesgo final y se calcula restando el valor de los controles establecidos al riesgo inherente. Es decir, es el riesgo que perdura después del tratamiento.

Tratamiento: medidas, acciones y controles que se implementan dentro de la institución para prevenir, gestionar o mitigar los riesgos de corrupción.

Enfoque multiactor

El Modelo puede organizarse de manera tripartita, bipartita o unilateral (entendiendo que entre más actores se involucren, más se potencializa el espíritu colaborativo y de co-creación del Modelo) y tiene la flexibilidad para adaptarse a cualquier contexto y al número de colaboradores que intervengan en el proceso. El marco institucional del Modelo está diseñado para que diversas organizaciones desempeñen un papel relevante en su implementación, por ejemplo:

  • OSC: llevarán a cabo el proceso de gestión de riesgos de corrupción en coordinación con los demás actores. Participarán en todas las etapas del Modelo y elaborarán los productos principales de cada una.
  • SESEA: Coordinará y conducirá el proceso de gestión de riesgos de corrupción, así como brindará acompañamiento técnico y metodológico en los trabajos.

Funciones de la SESEA:

  • Apoyar con recursos materiales, financieros y técnicos, para la implementación del Modelo.
  • Capacitar a las organizaciones implementadoras en el proceso de gestión.
  • Conducir y coordinar la parte técnica del proceso de gestión de riesgos de corrupción.
  • Generar puentes con el CPC y acercar a diferentes OSC.
  • Dar seguimiento puntual, difundir el proceso, y analizar la posibilidad de que las recomendaciones tengan salidas institucionales por medio del SEA.

CPC: Vinculará a las OSC, la SESEA y la dependencia pública para facilitar la comunicación, apertura y compromiso.

Funciones del CPC:

  • Abrir canales de diálogo con las instituciones que serán analizadas, así como fortalecer la comunicación y colaboración con los SEA.
  • Coordinar o conducir el proceso junto con las OSC y la SESEA.
  • Proponer al Comité Coordinador y emitir recomendaciones no vinculantes derivadas de los procesos de gestión de riesgos de corrupción.
  • Impulsar procesos de gestión de riesgos de corrupción en las OSC.

Dependencia pública: Conducirá el proceso de gestión de riesgos en su interior, con la colaboración de los demás actores. La dependencia pública es un auxiliar de la implementación del Modelo al interior.

Funciones de la dependencia pública:

  • Colaborar en todo el proceso para brindar recursos, información disponible y requerida por los actores implementadores.
  • Participar en las actividades, talleres y solución de cuestionarios que se requieran.
  • Impulsar la participación de su Órgano Interno de Control como vínculo entre la institución y los actores implementadores.
  • Implementar las medidas acordadas en el Plan de Acción para el tratamiento de los riesgos de corrupción.

Proceso para la gestión de riesgos de corrupción

Se consideran siete pasos para llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos de corrupción integral. No buscan ser limitativos ni definitivos. Su ejecución dependerá de cada situación y entorno. Son los siguientes:

  • Planeación estratégica. Definir los elementos esenciales para la implementación del Modelo: etapas, alcance, unidad de análisis, actores involucrados, recursos necesarios y tiempos de implementación.
  • Identificación de riesgo de corrupción. Definir los riesgos que se incluirán en un Mapa y sobre los cuales se detectarán controles y se ejecutará el seguimiento y monitoreo. Es recomendable definir las acciones que se quieren identificar antes de actuar y previo a su materialización.
  • Evaluación de riesgos. Establecer un vínculo entre la probabilidad de que éstos se presenten y el impacto de su materialización utilizando cálculos. Durante este paso se medirá el riesgo inherente.
  • Priorización de riesgos. Comparar los resultados de la evaluación de riesgos con los controles establecidos, para determinar la zona de riesgo final y tomar las medidas y controles necesarios para mitigar los riesgos de acuerdo con su priorización. Lo anterior se hace a través del cálculo del riesgo residual.
  • Tratamiento de los riesgos. Definir la implementación de los tratamientos (cuando haya colaboración institucional tripartita), o emitir recomendaciones de tratamiento a través de la incidencia ciudadana y el SEA (cuando el proceso no cuente con el apoyo institucional).
  • Monitoreo y seguimiento. Asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso de gestión de riesgos de corrupción.
  • Comunicación y difusión. Divulgar y comunicar todo el proceso, así como los resultados obtenidos, tanto al interior como al exterior de la institución.

La herramienta que aquí se presenta tiene la finalidad de facilitar el paso número 2.

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